Testimonio ante la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones Cámara de Diputadas y Diputados de Chile

July 9, 2025

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Señora Diputada Presidenta Riquelme y distinguidos miembros de la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones de la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile, gracias por la oportunidad de dirigirme a ustedes el día de hoy.

Mi nombre es Graham Davies y soy Presidente y Director Ejecutivo de la Digital Media Association (DIMA), organización que representa a los principales servicios de streaming de música del mundo: Amazon, Apple Music, Spotify, YouTube, Pandora y Feed.fm.

La misión de DIMA es promover y proteger la capacidad de los fanáticos de la música para acceder legalmente a contenido creativo, así como facilitar que los artistas se conecten tanto con sus seguidores actuales como con nuevas audiencias.

El streaming ha transformado positivamente la industria musical y se ha convertido en un motor de crecimiento del sector. Según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI), en 2023 el 86,3% de los ingresos por música grabada en América Latina provinieron del streaming, un mercado que en 2023 celebró su decimotercer año consecutivo de crecimiento y que actualmente está valorado en 1,500 millones de dólares.

Los miembros de DIMA colaboran con el resto del ecosistema musical, obtienen licencias y compensan a los titulares de derechos por el uso de música en sus plataformas. A su vez, esos titulares de derechos, como sellos discográficos, editoras musicales y entidades de gestión colectiva son responsables de distribuir los ingresos recibidos de los servicios de streaming a intérpretes, compositores y otros creadores.

Para ser claros: los miembros de DIMA no pagan directamente a los artistas. Obtienen las licencias de los titulares de derechos y pagan a esas entidades, quienes son las responsables de realizar los pagos a los artistas y creadores que representan.

Bajo este modelo, la industria musical está experimentando un crecimiento continuo en Chile, que ha permitido que sus artistas tengan una exposición como nunca antes y puedan llegar a nuevas audiencias tanto en el país como en el extranjero.

En el caso de Chile, el marco legal vigente ya obliga a los miembros de DIMA a licenciar múltiples tipos de derechos musicales, incluidos aquellos con sellos discográficos, editoriales y entidades de gestión. Nos enorgullece que este modelo esté generando ingresos récord. En 2023, Chile registró un crecimiento del 32,4% en sus recaudaciones musicales, ubicándose entre los 30 mercados más relevantes a nivel mundial. Para 2025, se estima que el sector musical chileno alcanzará unos ingresos de casi 200 mil millones de dólares, con el streaming representando más del 85% del mercado total de música grabada.

Este éxito es el resultado de décadas de esfuerzo para innovar, organizar y fortalecer un sector que alguna vez estuvo definido por la piratería, la incertidumbre legal y el acceso limitado tanto para artistas como para audiencias. Solo en los últimos 10 a 15 años los consumidores han podido acceder a servicios de música digital legales, asequibles y de alta calidad, mientras que los artistas han logrado un alcance sin precedentes y nuevas oportunidades para compartir y monetizar sus obras. Esta transformación ha ayudado a democratizar el acceso a la música, tanto en términos de disponibilidad como en la capacidad de los artistas para conectarse con nuevas audiencias.

Si bien valoramos profundamente los esfuerzos del Congreso de Chile y de la Comisión para promover el reconocimiento y la protección de los artistas y del patrimonio cultural nacional, lo cierto es que después de una revisión detallada de la propuesta de Ley, nos gustaría presentar algunas observaciones y recomendaciones específicas sobre las disposiciones que, en nuestra opinión, podrían tener impactos negativos involuntarios en la música chilena y el ecosistema digital. Creemos que estos comentarios son esenciales para asegurar que cualquier nueva regulación logre su objetivo sin poner en riesgo inadvertidamente el éxito de la industria musical chilena.

En primer lugar, la iniciativa introduce un nuevo derecho irrenunciable e intransferible para que los intérpretes reciban una remuneración equitativa de quien ponga a disposición del público sus interpretaciones fijadas, incluso en los casos en que esos derechos ya han sido licenciados y remunerados a través de acuerdos existentes.

En efecto, bajo la iniciativa, los servicios digitales podrían verse obligados a pagar dos veces por el mismo uso: una vez a través de sus acuerdos de licencia con los titulares de derechos, y otra vez a través de una entidad de gestión colectiva.

Desde nuestra perspectiva, esto equivale a una doble remuneración por un mismo uso, lo que afecta directamente la sostenibilidad económica del modelo de streaming. Actualmente, los servicios de streaming de música pagan aproximadamente el 70 % de sus ingresos en forma de regalías a los titulares de derechos, a través de acuerdos con sellos discográficos, distribuidoras, editoras y entidades de gestión.

Si bien apoyamos plenamente el objetivo de asegurar una adecuada protección para los artistas, consideramos que, en su redacción actual, el proyecto podría tener efectos adversos que impacten negativamente el ecosistema musical. Consideramos que imponer pagos adicionales pondría en riesgo la viabilidad del modelo actual, podría afectar la inversión en talento, el desarrollo de nuevos artistas, la expansión de los catálogos y generar disputas innecesarias entre las partes.

Cabe mencionar que, aunque varios países han explorado formas de modificar la remuneración para los artistas e intérpretes en el entorno digital, ninguno ha implementado un modelo como el que propone este proyecto. Iniciativas similares han sido consideradas en otras jurisdicciones pero, tras una evaluación cuidadosa, fueron descartadas debido a la inseguridad jurídica, la complejidad operativa y el riesgo que representan para la viabilidad de los servicios de streaming y para el ecosistema musical en su conjunto.

Por otra parte, la iniciativa establece que la nueva remuneración se gestionará exclusivamente a través de la entidad de gestión colectiva que los represente, sin prever otras formas de administración, como la gestión directa por el artista o a través de acuerdos privados.

Lo anterior impone un esquema obligatorio de intermediación que restringe la autonomía y libertad contractual de los artistas. Además, en su redacción actual, la iniciativa podría generar conflictos con los acuerdos contractuales vigentes. Esta situación se agrava en ausencia de mecanismos claros de coordinación entre las entidades de gestión colectiva y los servicios digitales.

Cabe señalar que las entidades de gestión colectiva no suelen participar en el proceso de licenciamiento de los derechos de los intérpretes en el entorno digital, ya que la responsabilidad de transferir los pagos a los intérpretes recae en los titulares de derechos (sellos y distribuidoras), que ya reciben remuneración por el uso de los fonogramas.

En ese sentido, la industria musical requiere reglas claras, costos previsibles y marcos normativos estables para prosperar. Bajo el modelo actual, los sellos discográficos agrupan las contribuciones creativas para producir una grabación y licencian los derechos correspondientes a las plataformas. Introducir una obligación de pago adicional a los servicios de streaming aumentaría la complejidad del proceso de licenciamiento y limitaría la flexibilidad de los artistas y los intermediarios para decidir cómo gestionar sus derechos y relaciones comerciales.

Chile se ha consolidado como un país clave en el desarrollo de la música digital en América Latina. Sin embargo, la imposición de medidas regulatorias rígidas y costos adicionales sin un adecuado análisis de impacto técnico y de los efectos sobre la asequibilidad de los servicios para los consumidores, podría reducir el repertorio disponible y limitar la promoción internacional de los artistas chilenos, con impactos potencialmente devastadores para la industria de la música.

Reiteramos nuestro compromiso de promover una remuneración justa para los artistas intérpretes o ejecutantes dentro de un sistema que ya está generando valor y crecimiento. Creemos que este objetivo puede y debe alcanzarse sin:

  1. Limitar la flexibilidad contractual de los artistas,
  2. Comprometer la viabilidad de los servicios digitales mediante nuevas obligaciones de remuneración ya cubiertas por acuerdos existentes, o
  3. Restringir el acceso de los artistas chilenos a la escena musical global al imponer cargas adicionales a los servicios de streaming que los conectan con audiencias más amplias.

Por lo tanto, sugerimos respetuosamente evaluar la posibilidad de ajustar el proyecto para evitar la duplicación de pagos, preservar la autonomía contractual, siguiendo las mejores prácticas internacionales y la experiencia reciente en la región. La industria musical chilena es una historia de éxito y estamos comprometidos a seguir desempeñando nuestro papel para que los fanáticos puedan escuchar lo que desean y que los artistas puedan llegar a audiencias en Chile y en todo el mundo.

Gracias por su tiempo y estaré encantado de responder cualquier pregunta.